Editorial El comercio

El Concejo Metropolitano de Lima ha emitido una ordenanza que modifica el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde y dispone que todas las construcciones que se aprueben en este ámbito se localicen obligatoriamente entre el acantilado y la vía; es decir, se dejaría libre la zona que colinda con la playa. Hasta aquí, todo bien... ¡Era tan lógico!

Sin embargo, la medida no es retroactiva, pues no comprende las edificaciones que se construyeron irregularmente antes (solo se dice genéricamente que pudiera canjearse terrenos) y cuya resolución se debate en la vía judicial . Esta situación tiene, ineludiblemente, que corregirse. Si se realizó un esperpento, no por ello debemos aceptarlo como un hecho consumado.

Hay siempre maneras de devolver orden y cordura utilizando medidas dentro de la ley. Pero, subrayamos enfáticamente que una ordenanza no se puede utilizar para formalizar una flagrante irregularidad. Ello sería borrar con la mano izquierda lo bueno que pretendería hacerse con la derecha.

Como es lógico concluir, algo está fallando en la fiscalización y cuidado de nuestro litoral, que ha estado librado a los caprichos de los alcaldes de los distritos ribereños, con las negativas consecuencias conocidas.

El tema de fondo, realmente, es la inercia, ineficacia e irresponsabilidad de la Autoridad de Proyecto Costa Verde (APCV), creada hace 13 años precisamente para evitar estos excesos, pero que en la práctica ha hecho poco o nada.

Ante esta crítica situación, es urgente y necesario replantear la APCV. Al respecto, los alcaldes de Magdalena, San Miguel y La Punta han propuesto crear una fundación, integrada por representantes de la sociedad civil y el sector privado, y ajena a las motivaciones políticas o económicas de algunas gestiones municipales, que planifique y ordene la Costa Verde.

Según se ha informado, el modelo que ha dado resultados en otros países, como en Ecuador (Malecón 2000 en Guayaquil) busca respetar la zona intangible y promover ordenadamente la inversión privada. Estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido, para proteger nuestro litoral, las pistas y las playas públicas. ¿O esperaremos que la voracidad de algunos siga invadiendo y destruyendo la llamada Costa Verde?

Pronunciamiento de la Sociedad de Urbanistas del Perú acerca de la Construcción de Edificaciones en la Costa Verde.

En la ciudad de Lima se ha venido desarrollando una agria polémica entre instituciones, vecinos y especialistas acerca del uso del suelo cercano a la ribera del mar en la Costa Verde, la disputa se suscita ante la construcción de edificaciones en el suelo de la Costa Verde que aparentan atentar contra el paisaje urbano y contravenir normas acerca del uso del suelo en este lugar.

La Sociedad de Urbanistas del Perú considera que existe un problema mayor que ha originado esta situación, para ello es necesario revisar las características de la gestión acerca del territorio de la Costa Verde como escenario urbano y bien público por las instituciones pertinentes para ello. El primer problema lo notamos en la ausencia de instrumentos de gestión lo suficientemente claros y adecuadamente desarrollados para que sean tomados en cuenta por las autoridades locales. Ante esto la Municipalidad Distrital de Barranco pretende usar el territorio de la Costa Verde bajo su propio criterio, sin considerar la naturaleza del uso metropolitano de recreación que significa el litoral de la ciudad de Lima, por lo cual atañe a diversas administraciones municipales la gestión de esta porción del litoral limeño; justamente por su naturaleza interdistrital y metropolitana se creó la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, sin embargo esta no ha logrado desarrollar una gestión adecuada de los recursos de la Costa Verde y no tiene una posición normativa, excluyente y clara acerca del uso del suelo del litoral metropolitano comprendido en la Costa Verde, tan es así que los instrumentos normativos emitidos por esta institución no definen claramente el uso permitido en cada porción de terreno de la Costa Verde.

La Municipalidad Metropolitana de Lima al pretender no tomar partido en esta situación, está abdicando de su labor de gestión del territorio metropolitano, pretendiendo que no es su función la gestión de las áreas de recreación metropolitanas; así mismo su gestión no pareciera tener claramente definida la naturaleza de las funciones de los distintos centros de servicios urbanos dentro de la metrópoli, lo cual definiría una rol y un tratamiento específico para la Costa Verde y su función dentro del territorio de la Metrópoli de Lima; y esto debería estar inscrito dentro de un Propuesta Integral acerca del deber ser de la Lima Metropolitana.

El gran efecto que se genera, es que en este juego de negligencias e intereses los recursos son explotados sin un consensuado criterio de eficiencia. Desperdiciando recursos sin tener claro la principal función de los gobiernos locales: la generación de progresivos estados de bienestar para la población de su circunscripción.

Ante este vacío normativo y de jurisdicciones es probable que (como es usual en nuestro medio) la posición más prepotente, violenta e intransigente sea la que se imponga, como Sociedad de Urbanistas del Perú lamentaríamos mucho que este tipo de "soluciones" siga primando en nuestras ciudades; lo adecuado es que las instituciones que tienen a su cargo la gestión de los recursos y territorio de la metrópoli limeña se encarguen adecuadamente de la gestión de los mismos, es necesario que los diferentes puntos de vista acerca del uso de bienes de acceso público sean considerados dentro de los instrumentos de gestión pública y para ello es necesario que las instituciones que gestionan el desarrollo de nuestra metrópoli asuman positivamente el control, administración e intervención sobre los recursos de los habitantes de la Metrópoli de Lima.

Sociedad de Urbanistas del Perú.

Negocios al pie del acantilado

Mirko Lauer.
Columnista de La República

Con varias enormes cevicherías prime ya instaladas, otras en proyecto y una gran marina (playa de estacionamiento para yates) en construcción, la parte utilizable de la Costa verde sigue su marcha hacia la privatización total. La autoridad que se instaló hace unos años no ha hecho sino avalar la voracidad de algunos municipios irresponsables.
Detrás de cada una de estas ventas o concesiones hay un negocio municipal que no tomó en cuenta las necesidades de las mayorías (en parte vecinos del propio distrito). No solo por enajenar un espacio limitado, sino por no haber planeado el disfrute de la gente mediante obras y servicios que esta zona tenía desde el siglo XIX.
En Chorrillos la cosa es particularmente grave, pues entre el alcalde que empedró La Herradura por hacerle una pista a Villa con dinero de los chorrillanos, y el que le ha rematado parte del Morro Solar y La Herradura a una empresa constructora, la destrucción del distrito va a ser, esta sí, como la del siglo XIX.
Para esta política de apropiación de la costa por parte del billete ha sido clave la actitud del alcalde Luis Castañeda, quien parece ver en cada nuevo negocio otro ladrillo de un Acapulco nacional. No parece ser la misma persona que tantas buenas obras claramente populares ha hecho en otros lugares de la ciudad.
Pero los busineses municipales no son el único problema de la Costa verde. La inversión en amansar las playas al norte de San Isidro no ha funcionado, y decenios más tarde esa zona sigue tan brava como el primer día. Lo único que ha florecido realmente en esa parte es una estación de gasolina, sin duda útil, pero poco aparente como vista al mar.
La vía rápida de la Costa verde, que en un momento fue clave para aliviar las rutas urbanas que bordean la costa, a partir de San Isidro es de una sola vía, porque se ha perdido la batalla contra las piedras del acantilado. En este tramo, peligroso de día y de noche, en mar y tierra, lo único que hoy florece son el desmonte y los basurales.
Cada tanto los basurales/desmontes se descompactan y sueltan sus reliquias al mar, ensuciando este hábitat y volviéndolo peligroso para la salud de personas y animales. Nada de esto lo ven los comensales de las cevicherías, ubicadas más al sur, si bien peligrosamente entre La Chira del colector y La Perla del basural.
La propuesta del alcalde de Magdalena de una Fundación en la que participe el sector privado y que mantenga los espacios públicos al 70% suena complicada (entre otras cosas porque parece la clásica soplada de pluma), pero sí parece un buen inicio para el debate. Por lo pronto sabemos que la autoridad que hoy existe está pintada en la pared, de una cevichería.

OBRAS EN COSTA VERDE NO HAN ACREDITADO

CONAM afirma que Municipalidad de Barranco no ha asegurado el cumplimiento de normas y obligaciones ambientales

El Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, aclaró hoy ante el Congreso de la República, que la Municipalidad de Barranco no ha acreditado ningún Estudio de Impacto Ambiental validado por una autoridad competente, relacionado a las obras que se ejecutan o se ejecutaron en la Costa Verde.

Señaló -en sesión de la Comisión de Pueblos Andino Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología realizada esta mañana- que la municipalidad de Barranco faltó a la verdad al informar en la sesión anterior del Congreso que quienes elaboraron los denominados “Estudios de Impacto Ambiental” (EIA) de las obras ejecutadas, eran entidades registradas en el CONAM.

“Dicho registro no existe en el CONAM” afirmó el Ing. Carlos Lorte de Mola, Presidente de la Autoridad Ambiental Nacional. Precisó que el CONAM no cuenta con un registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de impacto ambiental, “Estos existen en los ministerios que son las autoridades competentes” subrayó.

Informó que la municipalidad barranquina no ha cumplido con entregar dichos EIA ni las resoluciones de aprobación de los mismos, requisito fundamental para darle legalidad a un EIA.

Asimismo, señaló que el CONAM ha respondido a un pedido de la Contraloría General de la República sobre los aspectos legales ambientales involucrados en el caso y sobre las obligaciones que corresponde a la Municipalidad Distrital de Barranco.

Al respecto afirmó que las actividades (proyectos) que se realicen en la Costa Verde deben cumplir con las normas incluyendo las siguientes obligaciones ambientales:
–Contar con un Estudio de Impacto Ambiental
–Cumplir con la Ley de Aguas
–Cumplir con las normas sobre manejo de residuos sólidos
–Cumplir con las normas sobre ruidos.
–Cumplir con las normas sobre protección del ambiente marino.
–Otras normas derivadas de aspectos específicos de los proyectos y los impactos que se identifiquen.

Por tanto, la Municipalidad de Barranco al no contar con dichos EIA debidamente aprobados NO HABRÍA CUMPLIDO con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo N° 01-95-MTC, generando a su vez el incumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación de derechos en la Costa Verde, al haber incumplido una norma ambiental, disposición obligatoria de orden público.

Explicó que sólo se debe otorgar licencias de construcción y de funcionamiento cuando se asegure el cumplimiento de las normas ambientales.


Por último afirmó que el CONAM propondrá la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Maestro de la Costa Verde a fin de incorporar la variable ambiental dentro de la visión del desarrollo de esta importante área pública de Lima.

Lima, 22 de marzo 2006
Oficina de Comunicaciones
Consejo Nacional del Ambiente

Del consultor: Cambios indispensables

AUGUSTO ORTIZ DE ZEVALLOS
Arquitecto y urbanista

Hoy la Costa Verde no puede ser más deprimente: un largo estacionamiento alambrado sin malecones ni árboles ni papeleras ni paraderos ni escaleras ni seguridad. Un domingo no hay sitio para llegar e irse, tampoco transporte organizado y el poco estacionamiento que había ahora es de los negocios que se siguen construyendo y que ganan dinero sin devolver lo recibido, pues la ciudad puso las vías, la historia, las playas, las infraestructuras y el paisaje.

La autoridad no quiere serlo, pese a que por ley administra y tutela un patrimonio metropolitano. Y pese a que es el propio alcalde metropolitano el titular de esa responsabilidad incumplida.

No se tiene un plan que establezca lo indispensable. Hay, con nombre de plan, una imprecisa lotización y zonificación. Pero sí se tiene leguleyos y amparos para argumentar que la ley allí no vale y donde dice 50 metros intangibles de uso público irrestricto se pueden aceptar tres. No hay, pues, plan, aunque se soslaya que lo están recalentando sin que nadie lo conozca. Ni iniciativas ni respuestas ni convocatoria. La autoridad es una caja negra. Se sigue usando el llamado Plan de los 90, en nuestra peor crisis económica.

Entonces se convalidó absurdos urbanos como implantar el estadio Monumental sin evacuación y solución de accesos. Y también se confundió un lugar tan emblemático de Lima como La Herradura y el Morro Solar con macrolotes urbanizables, sin paisajismo. Ya están allí las grúas. Véanlos antes de que se acaben. El abuso es flagrante, la autoridad ausente, la experiencia triste.-

Debería y podría ser diferente. Un plan estratégico de sentido común comenzaría por algunas premisas. Que la bahía (como las corrientes, las basuras, las descargas de los desagües, la salubridad, el ambiente - ambiente - ) va del Morro Solar a La Punta y entonces la gestión debe responder a esa realidad geográfica y no ser esta atomización de distritos con alcaldes sedientos de recursos inmediatos.

Hay ciertamente que ganar playa, lo que hoy en el mundo se estudia rápidamente y se diseña sin misterios, en base a satélites, para no repetir la burrada de empedrar La Herradura para irse a bañar a los desagües de La Chira. Sí, entonces, puede haber un plan de verdad, con reglas, con medidas, con habilitaciones urbanas, con transparencia y no como favores. Si la autoridad no quiere serlo, que se deje ayudar. Pero el plan debe ser entendido para favorecer a la ciudad y no con el objetivo de maximizar el negocio de ciertos lotes. Lo que se ha hecho descalifica a quienes lo han patrocinado. La ciudad espera otro presente y otro futuro para su espacio más importante, el litoral.

Castañeda avaló obras en playas

Las cuestionadas obras en las playas de Barranco, en la Costa Verde, fueron respaldadas por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) y la propia Municipalidad de Lima, que es la que nombra al presidente de la APCV.

Además, la APCV está integrada por los alcaldes distritales por donde atraviesa la Costa Verde. La Municipalidad de Lima elige a su presidente. Ricardo de la Piedra es quien ejerce actualmente ese cargo.

En numerosas entrevistas y reportajes televisivos fue el propio alcalde Luis Castañeda Lossio quien promocionó esas construcciones como si estas obras impulsarían el turismo en la capital. El mismo discurso repetían los funcionarios de la APCV y el entonces alcalde barranquino, Martín del Pomar.

1.- Nos vamos a dar el lujo de contar con nuestro Acapulco, Río de Janeiro. Vamos a tener nuestra Costa Verde, dice el periodista en el reportaje.

Si usted se da cuenta, ahora esto va a embellecer mucho a Lima. Esto significa, primero, beneficio para los pobladores; y, segundo, atractivo turístico adicional..., respondió Castañeda, parado sobre el malecón de Miraflores.

18 de setiembre del 2005. Programa "Panorama".

2.-"La Costa Verde es un medio extraordinario de transporte y recreación. Nosotros hemos rediseñado el plan maestro para promover las inversiones. Ese plan ya está listo".

11 de noviembre del 2006.Mesa Redonda de El Comercio.

3- ¿Se deberían paralizar las obras en Barranco?

Sí, por lo menos durante la época de verano. Me ofrezco interceder para encontrar una solución al problema. Pero recuerdo que las concesiones fueron autorizadas por las autoridades de ese distrito. Ahí no puedo tener mayor jurisdicción. Aunque las edificaciones no deben evitar que se impida la vista al mar.
17 de enero del 2006. Declaraciones a RPP, después de los cuestionamientos hechos por la Marina de Guerra y el Colegio de Arquitectos y varios urbanistas.

4- "La Autoridad Autónoma (de la Costa Verde) no es una dependencia de la Municipalidad de Lima. Que no nos vengan a decir que somos la autoridad sobre ese organismo, que es el único que puede tomar una decisión sobre las obras ".

Walter Menchola, brazo derecho de Castañeda.

3 de febrero del 2006. "Perú.21".

Costa Verde necesita otra autoridad que planifique su ordenamiento

El informe del domingo 4
A RECUPERAR EL LITORAL: La franja que une La Punta con Chorrillos se desarrolla de acuerdo con la voluntad de cada uno de los distritos que la atraviesan. Es víctima del apetito municipal.

Por Nelly Luna Amancio

Su mirada de asombro los delató. Veían el mar con la incredulidad de quien por primera vez repara en su inmensidad. Era una pareja de esposos de aparentemente 40 años, y dos niños, la mayor podría tener 12 años y el menor, menos de 2. Estábamos en la Playa Barranco de la Costa Verde, tomando fotos del estrecho margen de arena que ahora tienen los bañistas --desde que se construyeron los locales dentro de la franja costera intangible-- cuando los vimos. Sortearon algunas de las barreras físicas colocadas por los negocios de la zona e ingresaron al estacionamiento de Rústica, uno de los restaurantes al que la gestión municipal de Martín del Pomar le vendió un pedazo de playa.

El padre contó que llegaron a Lima hace dos días, venían de un poblado llamado Pampas, en las alturas de Huancavelica. La hija mayor ignoraba nuestra conversación, concentrada en los tablistas y los bañistas de ese mar de olas amarillentas que esta semana estuvieron tan sucias como las olas de La Chira, donde desemboca más del 40% de los desagües de la ciudad. Era la primera vez que la niña veía el mar, pero estaba más sucio que nunca. "¿Estará así porque está lloviendo en la sierra, no?", preguntó con inocencia el progenitor.
Después de mirar con timidez, decidieron bajar. Demoraron un poco antes de que ubicaran una zona por donde llegar a la playa. Atravesaron los desmontes y el balcón del restaurante que ofrece a sus comensales una 'exclusiva' vista. Solo entonces pisaron la arena. Ellos son solo algunas de las personas a las que una inadecuada administración municipal les arrebató el libre acceso a las playas.

SUMA DE ISLAS

El desarrollo de la Costa Verde ha respondido al bolsillo de las municipalidades y la voluntad de sus alcaldes. Como si se tratara de una propiedad en remate, con los años los concejos distritales que atraviesan la franja costera han ofrecido los espacios públicos en busca de mayores ingresos. Los distritos impulsaron proyectos aislados --avalados por la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que no es más que una entidad representada por todos ellos-- y generaron un crecimiento desordenado. Lo que se tiene hoy es una franja heterogénea, con el espacio público y el disfrute del paisaje privatizado. Quien tiene dinero accede a los restaurantes con vista al mar. Quien no, se las ingenia, como la familia de Pampas.

Hasta el 2005 los que paseaban por el malecón de Barranco disfrutaban un paisaje dibujado por sus playas; ahora, sin embargo, la vista se quiebra con las construcciones de cemento instaladas a un pie del mar. Antes, el abogado constitucionalista Jorge Avendaño miraba a través de la ventana de su casa barranquina el golpe de las olas, ahora ve los techos de esos colosos de la arbitrariedad.

El tema de fondo, como sugiere Avendaño, es que las municipalidades han visto las playas como terrenos de los que se puede sacar dinero. "La administración municipal ha demostrado que no es buena (para el ordenamiento de la franja costera)", agrega.

El arquitecto y urbanista, Augusto Ortiz de Zevallos coincide. "Cada distrito hace lo que le parece, el de Barranco decidió lotizar la playa y venderla a notables negocios que monopolizan la vista al mar", sostiene tras recordar que estas inversiones usan actualmente la infraestructura construida con dinero del Estado: estacionamientos, canchas de deportes, veredas y accesos. Por falta de una autoridad competente "Lima nos ofrece un litoral de cuarto mundo que hace envidiar el de Río de Janeiro, el de Guayaquil, el de cualquiera", insiste el arquitecto.

Ante esta falta de planificación, ambos creen que tal vez se podría contar con una autoridad realmente autónoma, ajena a las motivaciones políticas o económicas de algunas gestiones municipales.

Tal vez una entidad como la que propone el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Una fundación integrada por representantes de la sociedad civil y el sector privado. "Tenemos pensado entregar la administración del kilómetro y medio de la franja costera que se encuentra dentro de nuestra jurisdicción a una fundación como la del Malecón 2000 en Guayaquil, que respete los 50 metros de zona intangible y aproveche los terrenos ganados al mar. El 70% de estos espacios sería de uso público, solo el resto privado", sostiene.

Ecuador impulsó la recuperación del malecón que acompaña al río Guayas. Respetó y dio prioridad a los espacios públicos y la vista al paisaje. La fundación Malecón 2000 es una entidad de derecho privado, integrada por representantes de las instituciones públicas y privadas más importantes de esta ciudad. Ha desarrollado un programa integral con la incorporación de manera ordenada de zonas de esparcimiento, locales culturales, centros comerciales, museos, centro de convenciones, áreas verdes y zonas residenciales, a lo largo de dos kilómetros y medio.

Allison comunicó que este proyecto obligará a desviar la actual autopista varios metros más pegados al mar, para que las construcciones se hagan cerca de los acantilados.
El ex miembro del Consejo Nacional del Ambiente Iván Lanegra es optimista con esta propuesta, pues considera que la administración municipal de la Costa Verde presenta una serie de deficiencias.

"Hay dos debilidades grandes, la primera es que la APCV no es fuerte y no tiene claro cómo desarrollar la franja costera. El plan maestro no la reordena. Además, hay un tema de complicación legal sobre la propiedad de estos terrenos. Sin poder hacerlo, las municipalidades han ido privatizando playas y terrenos cercanos a esta", indica tras precisar que un esquema como el de Guayaquil podría ser más exitoso, "pues debemos encontrar un equilibrio entre los bienes públicos y privados".

Como se recuerda, además de Barranco, la Municipalidad de Chorrillos vendió a Gremco hace casi dos años 44 hectáreas de terrenos en La Herradura, al pie de la zona histórica del Morro Solar.

Este Diario solicitó una entrevista con el presidente de la APCV, pero no respondieron. Nos hubiera gustado conocer, así como en el caso de Magdalena, qué otros proyectos de inversión ha aprobado para los meses siguientes, las veces que se han reunido con los alcaldes distritales para planificar el desarrollo de la franja costera, y, sobre todo, si han planteado una salida sobre el futuro de los locales construidos sobre terrenos de playa de uso público vendidos al mejor postor. Esta autoridad, junto con el Concejo Metropolitano, avaló y promocionó las obras en las playas de Barranco.

El silencio sobre estos temas se extendió a los concejos de San Isidro, Barranco, Miraflores y San Miguel. Ninguno atendió nuestras inquietudes.

PRECISIONES

• El futuro de las obras en el distrito de Barranco depende de la decisión del Poder Judicial. Es este el que determinará si las edificaciones se tendrán que demoler.
• Hay 16 puntos de contacto entre la ciudad y el litoral. Las escaleras están dañadas o clausuradas. Otras lucen abandonadas.

HAY QUE EMPEZAR A RECUPERAR LA COSTA VERDE

Instituto Peruano de Administración Municipal: 9729-4600 9694-3791 / Teléfono 511 (348-8680) Fax (511) 348-8640

HAY QUE EMPEZAR A RECUPERAR LA COSTA VERDE

Marco Tulio Gutiérrez (*)

Faltan pocas semanas para que las autoridades elegidas en las pasadas elecciones de noviembre se hagan cargo de la Municipalidad de Barranco. Además de los problemas que aquejan a toda administración municipal, como son la mejora de la limpieza pública, el mantenimiento de las áreas verdes, reducir la inseguridad ciudadana, en el caso de Barranco, al lado del ruido de las discotecas, peñas, pubs que soportan sus vecinos ante la insensible ausencia de autoridad municipal, las miradas de Lima estarán puestas en cómo se resolverá finalmente la irregular ocupación de sus playas.

Esto debe ser así, porque sin lugar a dudas la Costa Verde es el último gran recurso natural de utilización masiva de la Ciudad de Lima, y buena parte de las playas de Barranco han quedado parcialmente vedadas al uso público por las construcciones de supuestos "complejos turísticos", gracias a concesiones que la Contraloría General de la República ha encontrado que fueron otorgadas sin cumplir los requisitos que la ley establece para este tipo de inversiones privadas, amén de la ilegal ocupación de áreas de indiscutible uso público, pese a que el Plan Maestro de la Costa Verde aprobado desde 1995 previó que toda construcción de los complejos turísticos se efectuaría sobre espigones.

Debe serlo, igualmente, para que se den señales claras de que la inversión privada, sea de nacionales o extranjeros, es bienvenida pero siempre que se efectúe de acuerdo con la Ley, tanto por parte de los dueños del capital como de las autoridades que deben otorgar las autorizaciones y licencias correspondientes.

Toda edificación que se efectúe sin la licencia municipal de construcción, o que contando con ella, no se realiza de acuerdo a los planos que ella ha aprobado, tiene que ser demolida por mandato municipal, efectuada por los mismos infractores o por la Ejecutoría Coactiva correspondiente en caso de renuencia de los mismos, quienes además tienen la obligación legal de asumir los costos que tales demoliciones demanden.

Una construcción en la playa dentro de la franja de 50 metros de ancho que corre paralela a la línea de alta marea, definitivamente no debió haber contado con una licencia de construcción, por lo que su otorgamiento es un acto administrativo nulo, que por el transcurso del tiempo solamente puede ser declarado como tal judicialmente, por medio de un proceso contencioso-administrativo que deberá emprender la nueva Administración Municipal de Barranco. Pero acá no solamente se trata de construcciones ilegales, sino que hay concesiones otorgadas irregularmente, sin respetar los procedimientos conforme se desprende de la más reciente resolución de la Contraloría, las que además de las acciones penales ya emprendidas, deben ser complementadas por la decisión de las nuevas autoridades para obtener la declaración judicial de nulidad de tales concesiones en la Costa Verde.

El desenlace de estos procesos judiciales de nulidad, que no será otro sino la recuperación de las playas para el irrestricto uso público, con toda seguridad, -y derecho, aunque suene discutible-, acarreará demandas indemnizatorias contra la Municipalidad de Barranco por las inversiones que han efectuado, sea por la nulidad de la licencia de construcción y/o por la nulidad del contrato de concesión. En previsión de ello, las nuevas autoridades tienen la obligación de emprender las medidas cautelares que permitan que las actuales autoridades respondan con su patrimonio personal las indemnizaciones, pues no sería justo que los vecinos de Barranco, con cargo a sus tributes, terminen financiando el comportamiento irregular de sus autoridades.

Como todo esto es muy claro, al menos jurídicamente hablando y para el sentido común de cualqueir vecino, no pueden dejar de preocupar las recientes declaraciones del alcalde electo de Barranco respecto a las ilegales construcciones en las playas de su distrito. Señala que va a "formar una comisión mixta de regidores y vecinos que revisará todas las concesiones" y que "esta Comisión básicamente se dedicará a sacar a la luz todas las irregularidades" de las mismas. Es decir, que se ocuparán inútilmente tiempo y recursos humanos para volver a estudiar lo que ya la Contraloría ha estudiado en profundidad y que ha dado lugar a tres acciones penales, y para decirnos lo que todos los vecinos de Barranco y demás usuarios limeños de las playas, ya conocemos. Es decir, de que hay construcciones ilegales que demoler y concesiones cuya nulidad debe ser emprendida de inmediato si es que realmente queremos recuperar la Costa Verde.


(*) Especialista en Derecho Municipal y Director del IPAM (Instituto Peruano de Administración Municipal)


INFO DE APOYO

- "Complejo Turístico Playa Barranquito". La Resolución de Contraloría N1 176-2006- del 5 de junio señala que se ha efectuado edificaciones en área de uso público y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por los delitos de .falsedad y de autorización de actividad contraria a planes y usos

- Complejo Deportivo Sport Point, en la playa Las Cascadas. La Resolución de Contraloría Nº 210-2006 del 14 de jjulio del 2006, señala que la concesión fue otorgada sin cumplir con los requisitos de ley y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

- "Playa Las Sombrillas Complejo Turístico. La Resolución de Contraloría Nº 327-2006 del 2 de noviembre del 2006, señala que la concesión fue otorgada sin cumplir con los requisitos de ley y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.