El Concejo Metropolitano de Lima ha emitido una ordenanza que modifica el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde y dispone que todas las construcciones que se aprueben en este ámbito se localicen obligatoriamente entre el acantilado y la vía; es decir, se dejaría libre la zona que colinda con la playa. Hasta aquí, todo bien... ¡Era tan lógico!
Sin embargo, la medida no es retroactiva, pues no comprende las edificaciones que se construyeron irregularmente antes (solo se dice genéricamente que pudiera canjearse terrenos) y cuya resolución se debate en la vía judicial . Esta situación tiene, ineludiblemente, que corregirse. Si se realizó un esperpento, no por ello debemos aceptarlo como un hecho consumado.
Hay siempre maneras de devolver orden y cordura utilizando medidas dentro de la ley. Pero, subrayamos enfáticamente que una ordenanza no se puede utilizar para formalizar una flagrante irregularidad. Ello sería borrar con la mano izquierda lo bueno que pretendería hacerse con la derecha.
Como es lógico concluir, algo está fallando en la fiscalización y cuidado de nuestro litoral, que ha estado librado a los caprichos de los alcaldes de los distritos ribereños, con las negativas consecuencias conocidas.
El tema de fondo, realmente, es la inercia, ineficacia e irresponsabilidad de la Autoridad de Proyecto Costa Verde (APCV), creada hace 13 años precisamente para evitar estos excesos, pero que en la práctica ha hecho poco o nada.
Ante esta crítica situación, es urgente y necesario replantear la APCV. Al respecto, los alcaldes de Magdalena, San Miguel y La Punta han propuesto crear una fundación, integrada por representantes de la sociedad civil y el sector privado, y ajena a las motivaciones políticas o económicas de algunas gestiones municipales, que planifique y ordene la Costa Verde.
Según se ha informado, el modelo que ha dado resultados en otros países, como en Ecuador (Malecón 2000 en Guayaquil) busca respetar la zona intangible y promover ordenadamente la inversión privada. Estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido, para proteger nuestro litoral, las pistas y las playas públicas. ¿O esperaremos que la voracidad de algunos siga invadiendo y destruyendo la llamada Costa Verde?
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