No entendemos, como los mismos personajes que autorizaron las obras en Barranco ahora serán los que realizaran el nuevo plan de la Costa Verde, lo que la municipalidad de Lima y el mudo Castañeda deberían hacer es normar y darle entrada a expertos de la CONAM, de la UNI y otras escuelas profesionales que saben del tema. Esperar que las mismas personas, dígase De la Piedra, como presidente de la APCV, que fue quien avalo y lotizo las playas de Barranco sea el encargado ahora de lotizar los acantilados y adema s decidir el nuevo plan de la Costa verde.
Costa Verde legalice las obras de Barranco
Autorización para construir en los acantilados también en entredicho
Por Mario Mejía y Nelly LunaLa reciente ordenanza municipal que modifica el Plan Maestro de la Costa Verde sigue recibiendo un oleaje de críticas y observaciones por parte de especialistas y asociaciones vecinales que advirtieron que la disposición busca avalar las construcciones y concesiones otorgadas en la zona de playa. Sin embargo, algunos burgomaestres integrantes de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) plantearon sugerencias para hacer viable la norma y que no termine en buenas intenciones.Para José Ayulo, presidente de la Asociación Siempre para Barranco, la norma es solo un saludo a la bandera, porque legaliza las construcciones en la zona de playa de Barranco. "Reconoce que no se debió autorizar esas edificaciones en la zona intangible, pero permite que se mantengan. Eso es avalar una ilegalidad", se quejó.Asimismo, el presidente de la Asociación Vecinal Manuel Montero de Barranco, Javier Alvarado, expresó su preocupación porque la norma autoriza ejecutar obras para el lado de los acantilados. En declaraciones a la agencia Andina, aseguró que si no se toma en cuenta la inestabilidad de los taludes, se terminaría afectando las edificaciones existentes en las zonas altas.Coincidentemente, el vicepresidente de la Academia de la Arquitectura, Fernando Bryce, también expresó su preocupación por los acantilados. "Está mal y no debe permitirse. Allí quizá podría funcionar una arquitectura muy ligera, pero planificada", dijo tras subrayar que, para que sea seguro el talud, este debía tener una pendiente de por lo menos 45 grados.POSICIÓN DE LOS ALCALDESPero más allá del cuidado que se debe tener al construir en una zona peligrosa como los acantilados, existe otro problema que fue advertido por los alcaldes. Señalaron que trasladar el eje vial al lado de la playa demandará una gran inversión que no posee la APCV.Señalaron que cualquier obra vial estará supeditada a que los inversionistas pongan sus ojos en la Costa Verde. "¿Qué pasa si esa inversión no llega? Todo seguiría casi igual", se preguntaron y respondieron a la vez.Para el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, el Gobierno Central debería formar parte del proyecto a fin de dar los recursos para el impulso inicial. "Podría aportar once millones de dólares para construir 40 espigones con los cuales se ganaría terreno al mar y recién así la zona se volvería atractiva para los inversionistas", indicó.Otro problema que afronta la APCV y que ha incidido en su falta de protección y desarrollo es que no ha ejercido realmente su autoridad y cada uno de sus miembros ha actuado de manera independiente. Así lo reconoce el alcalde de Miraflores, Manuel Masías, quien opinó que eso debía corregirse. Dijo que mientras Barranco y Chorrillos han tenido un desarrollo desordenado, Miraflores siempre tuvo un trato amable con sus playas y malecones. "Nuestra idea de desarrollo no es igual al de otros distritos que tienen otros intereses, pero vamos a respetar lo que quieran nuestros vecinos: una ciudad balneario. No vamos a permitir construcciones al lado del mar", dijo.El alcalde de Magdalena, Francis Allison, lamentó que Lima sea una de las pocas ciudades del mundo donde se ven construcciones entre el mar y el malecón. Reconoció que la nueva norma corrige "un error de fábrica", pues el proyecto Costa Verde estuvo mal planteado desde el inicio. "Evidentemente, si se colocó la pista pegada al acantilado, toda obra terminaría quitando la vista al mar y dificultando el acceso a la playa".
Sobre el planteamiento de El Comercio, de formar una nueva entidad integrada por la sociedad civil y el sector privado para que planifique y ordene la Costa Verde, Allison dijo que es saludable la propuesta de que más gente participe y, si es calificada, mejor, pero apuntó que se necesitaría cambiar las normas, pues la APCV ha sido creada por una ley.El urbanista Luis Morante cree que la APCV debe ampliarse con la participación de colegios profesionales y técnicos, pero para ello también aclaró que debería modificarse la legislación.Finalmente, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Isidro pidió mayor coordinación entre el concejo provincial y los distritales para garantizar la adecuada aplicación de la nueva ordenanza.MÁS DATOSAyer se publicó en "El Peruano" un anexo con diagramas sobre la Nueva Visión Urbanística de la Costa Verde. Según el especialista Marco Tulio Gutiérrez, en ellos se reduce las playas, pues no se ha contemplado los 50 metros de franja mínima que exige la ley.4 En 120 días la APCV deberá presentar los nuevos parámetros de zonificación y edificaciones para orientar a los inversionistas interesados.
Además porque si se están buscando inversionistas el estado, es decir todos los peruanos tenemos que pagar los espigones, ahora queremos darles en bandeja de playa los terrenos en la Costa Verde, ósea le vamos a dar terrenos y hartas playas para que estos inversionistas saquen provecho, y que inversión van hacer para la costa verde, si lo mas caro de todo son los espigones, si los inversionistas quieren entrar, que también gasten de la suya.
Una vez más, es necesario denunciar las acciones expansionistas por las cuales San Isidro pretende seguir ampliando su territorio, a costa lamentablemente de nuestros Distrito y vecinos, como ya lo hizo hasta la avenida Salaverry y en estos momentos ya llego a la Av. Juan de aliaga, pero al mismo tiempo debemos de dejar en claro que, se deben tomar de inmediato todas las acciones legales necesarias que el estado de Derecho Constitucional en que vivimos asi lo permite, en defensa de nuestro su territorio y de los derechos de los contribuyentes.
ResponderBorrarDEFENDAMOS NUESTROS LIMITES!
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