Marco Tulio Gutiérrez (*)
Faltan pocas semanas para que las autoridades elegidas en las pasadas elecciones de noviembre se hagan cargo de la Municipalidad de Barranco. Además de los problemas que aquejan a toda administración municipal, como son la mejora de la limpieza pública, el mantenimiento de las áreas verdes, reducir la inseguridad ciudadana, en el caso de Barranco, al lado del ruido de las discotecas, peñas, pubs que soportan sus vecinos ante la insensible ausencia de autoridad municipal, las miradas de Lima estarán puestas en cómo se resolverá finalmente la irregular ocupación de sus playas.
Esto debe ser así, porque sin lugar a dudas la Costa Verde es el último gran recurso natural de utilización masiva de la Ciudad de Lima, y buena parte de las playas de Barranco han quedado parcialmente vedadas al uso público por las construcciones de supuestos "complejos turísticos", gracias a concesiones que la Contraloría General de la República ha encontrado que fueron otorgadas sin cumplir los requisitos que la ley establece para este tipo de inversiones privadas, amén de la ilegal ocupación de áreas de indiscutible uso público, pese a que el Plan Maestro de la Costa Verde aprobado desde 1995 previó que toda construcción de los complejos turísticos se efectuaría sobre espigones.
Debe serlo, igualmente, para que se den señales claras de que la inversión privada, sea de nacionales o extranjeros, es bienvenida pero siempre que se efectúe de acuerdo con la Ley, tanto por parte de los dueños del capital como de las autoridades que deben otorgar las autorizaciones y licencias correspondientes.
Toda edificación que se efectúe sin la licencia municipal de construcción, o que contando con ella, no se realiza de acuerdo a los planos que ella ha aprobado, tiene que ser demolida por mandato municipal, efectuada por los mismos infractores o por la Ejecutoría Coactiva correspondiente en caso de renuencia de los mismos, quienes además tienen la obligación legal de asumir los costos que tales demoliciones demanden.
Una construcción en la playa dentro de la franja de 50 metros de ancho que corre paralela a la línea de alta marea, definitivamente no debió haber contado con una licencia de construcción, por lo que su otorgamiento es un acto administrativo nulo, que por el transcurso del tiempo solamente puede ser declarado como tal judicialmente, por medio de un proceso contencioso-administrativo que deberá emprender la nueva Administración Municipal de Barranco. Pero acá no solamente se trata de construcciones ilegales, sino que hay concesiones otorgadas irregularmente, sin respetar los procedimientos conforme se desprende de la más reciente resolución de la Contraloría, las que además de las acciones penales ya emprendidas, deben ser complementadas por la decisión de las nuevas autoridades para obtener la declaración judicial de nulidad de tales concesiones en la Costa Verde.
El desenlace de estos procesos judiciales de nulidad, que no será otro sino la recuperación de las playas para el irrestricto uso público, con toda seguridad, -y derecho, aunque suene discutible-, acarreará demandas indemnizatorias contra la Municipalidad de Barranco por las inversiones que han efectuado, sea por la nulidad de la licencia de construcción y/o por la nulidad del contrato de concesión. En previsión de ello, las nuevas autoridades tienen la obligación de emprender las medidas cautelares que permitan que las actuales autoridades respondan con su patrimonio personal las indemnizaciones, pues no sería justo que los vecinos de Barranco, con cargo a sus tributes, terminen financiando el comportamiento irregular de sus autoridades.
Como todo esto es muy claro, al menos jurídicamente hablando y para el sentido común de cualqueir vecino, no pueden dejar de preocupar las recientes declaraciones del alcalde electo de Barranco respecto a las ilegales construcciones en las playas de su distrito. Señala que va a "formar una comisión mixta de regidores y vecinos que revisará todas las concesiones" y que "esta Comisión básicamente se dedicará a sacar a la luz todas las irregularidades" de las mismas. Es decir, que se ocuparán inútilmente tiempo y recursos humanos para volver a estudiar lo que ya la Contraloría ha estudiado en profundidad y que ha dado lugar a tres acciones penales, y para decirnos lo que todos los vecinos de Barranco y demás usuarios limeños de las playas, ya conocemos. Es decir, de que hay construcciones ilegales que demoler y concesiones cuya nulidad debe ser emprendida de inmediato si es que realmente queremos recuperar la Costa Verde.
(*) Especialista en Derecho Municipal y Director del IPAM (Instituto Peruano de Administración Municipal)
INFO DE APOYO
- "Complejo Turístico Playa Barranquito". La Resolución de Contraloría N1 176-2006- del 5 de junio señala que se ha efectuado edificaciones en área de uso público y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por los delitos de .falsedad y de autorización de actividad contraria a planes y usos
- Complejo Deportivo Sport Point, en la playa Las Cascadas. La Resolución de Contraloría Nº 210-2006 del 14 de jjulio del 2006, señala que la concesión fue otorgada sin cumplir con los requisitos de ley y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
- "Playa Las Sombrillas Complejo Turístico. La Resolución de Contraloría Nº 327-2006 del 2 de noviembre del 2006, señala que la concesión fue otorgada sin cumplir con los requisitos de ley y autoriza a su Procurador Público a denunciar penalmente a las autoridades de Barranco por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Me parece genial la iniciativa, soy barranquina y la verdad es que si no unimos esfuerzos no lograremos la recuperación de nuestro espacio público. Tenemos un registro fotográfico del 1ero de enero en las playas de la costa verde, y varios proyectos en la mira sobre el reconocimiento del espacio y el sujeto público barranquino.Sería bueno conversar.
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